FALLO DE LA CAN SOBRE ARANCELES 

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Alerta tributaria:

Fallo de la CAN sobre aranceles expone riesgos fiscales y abre la puerta a devoluciones millonarias

Implicaciones clave para empresas, importadores y el Estado ecuatoriano

La reciente resolución de la Comunidad Andina (CAN) respecto a las medidas arancelarias adoptadas entre Ecuador y Colombia representa un hito relevante en materia tributaria, aduanera y de cumplimiento normativo internacional. Más allá de su carácter comercial, el fallo pone en evidencia riesgos significativos asociados a la creación y aplicación de tributos que no se alinean con los compromisos comunitarios vigentes.

Para las empresas, este pronunciamiento plantea interrogantes sobre la validez de tributos pagados, posibles devoluciones y estrategias de defensa fiscal. Para el Estado, implica contingencias económicas, legales y reputacionales que deben ser gestionadas con especial cautela.

 

Contexto del fallo: ¿qué observó la Comunidad Andina?

La Secretaría General de la CAN determinó que la denominada “tasa de seguridad” aplicada por Ecuador a las importaciones provenientes de Colombia, así como las medidas de respuesta adoptadas por este último país, contravienen el ordenamiento jurídico andino.

En términos tributarios, la resolución establece que:

  • Los países miembros no pueden imponer gravámenes, tasas o contribuciones que operen como aranceles encubiertos al comercio intracomunitario.
  • Las medidas implementadas no cumplieron con los principios de legalidad, armonización tributaria ni proporcionalidad previstos en la normativa andina.
  • Se otorgó un plazo perentorio para eliminar los cobros y restricciones declarados ilegales.

Si bien la resolución no dispone explícitamente la devolución automática de los valores recaudados, la ilegalidad declarada abre la posibilidad de reclamos administrativos, tributarios y judiciales por parte de los contribuyentes afectados.

 

Impacto fiscal: USD 46 millones bajo análisis

De acuerdo con información pública, Ecuador habría recaudado aproximadamente USD 46 millones en un corto período como resultado de la aplicación del tributo observado por la CAN. Este escenario genera varias implicaciones relevantes:

  • Riesgo de devoluciones tributarias que no estaban contempladas en la planificación fiscal estatal.
  • Potenciales acciones legales de importadores que buscarían la restitución de pagos considerados indebidos.
  • Posible activación de procesos ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en caso de incumplimiento de las resoluciones emitidas.

Desde una perspectiva de política fiscal, este caso evidencia cómo decisiones tributarias adoptadas sin una adecuada evaluación supranacional pueden derivar en contingencias económicas relevantes y pérdida de seguridad jurídica.

 

Principales afectados

Estado ecuatoriano

  • Exposición a contingencias fiscales significativas.
  • Riesgo de sanciones o fallos adversos en instancias internacionales.
  • Impacto negativo en la previsibilidad y credibilidad del sistema tributario.

Empresas importadoras y comercializadoras

  • Asunción de costos tributarios que podrían resultar indebidos.
  • Desafíos en la planeación financiera y tributaria.
  • Necesidad de incurrir en procesos administrativos o judiciales para recuperar valores pagados.

Clima de inversión

  • Afectación a la confianza de inversionistas y operadores de comercio exterior.
  • Incremento en la percepción de inestabilidad normativa en materia tributaria y aduanera.

 

Riesgo adicional: acciones ante el Tribunal de Justicia de la CAN

La normativa andina prevé que el incumplimiento de resoluciones comunitarias pueda ser llevado ante el Tribunal de Justicia de la CAN, lo cual amplía el riesgo para el Estado y puede acelerar decisiones relacionadas con restituciones, reparaciones económicas y limitaciones futuras a políticas fiscales unilaterales.

 

Conclusión: una llamada de atención para la gestión tributaria

Este fallo constituye una señal clara para autoridades y contribuyentes: las decisiones tributarias con impacto regional deben estar alineadas no solo con la normativa interna, sino también con los compromisos internacionales asumidos por el país.

Para las empresas, resulta clave revisar los pagos efectuados, evaluar posibles acciones y fortalecer su estrategia de cumplimiento tributario y aduanero. Para la administración pública, el reto será restablecer la confianza, asegurar el respeto al marco andino y mitigar las contingencias derivadas de este caso.

 

Elaborado por:

Daniel Salazar

Socio de Asesoría Tributaria

HLB Ecuador


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