LEY ORGÁNICA DE SOLIDARIDAD NACIONAL

La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, impulsada por el presidente Daniel Noboa y aprobada por la Asamblea Nacional el 7 de junio de 2025, fue publicada el 10 de junio de 2025 en el Sexto Suplemento del Registro Oficial Nº 56, es una normativa de carácter urgente y excepcional diseñada para enfrentar lo que se ha reconocido como un conflicto armado interno en Ecuador.

La norma establece un régimen jurídico excepcional para el manejo del conflicto armado interno, incorpora reformas penales y crea incentivos sociales y económicos dirigidos a poblaciones vulnerables afectadas por la violencia.

En esta Ley se incorporan nuevas medidas en diferentes aspectos, financieros, tributarios y de seguridad cuya finalidad es garantizar la estabilidad económica del país frente al conflicto armado interno en el que nos encontramos y así mismo proteger a la población y los bienes civiles.  

 

Objetivos Principales 

• Crear un régimen jurídico especial, sin recurrir al estado de excepción, para hacer frente a grupos armados organizados.
• Desarticular economías criminales vinculadas a narcotráfico, contrabando de combustibles y otros ilícitos.

 

Puntos Clave

• Rebaja del impuesto a la renta por donaciones de los contribuyentes nacionales a favor de la Policía Nacional y/o Fuerzas Armadas.

• Indulto con efecto diferido.

• Incentivos económicos para la reconstrucción social y productiva para los siguientes sectores:  

• • Pequeños y medianos productores del sector agrícola, ganadero, pesca, artesanal y recolectores. 

• • Jóvenes y Personas Adultas  

• • Actores de la economía popular y solidaria, agricultura familiar campesina, artesanos, emprendedores, negocios populares, entre otros.  

• Creación de la Sociedad Anónima Deportiva  

• Se constituye mediante Contrato o Acto Unilateral  

• Desarrollará exclusivamente actividades Deportivas en una sola rama 

• Formarán parte del Sistema Deportivo Ecuatoriano 

• Las Sociedades por Acciones Simplificadas además de las prohibiciones ya establecidas no podrá realizar operaciones vinculadas a sectores estratégicos de minería o actividades vinculadas a estos sectores.  

 

Conoce a detalles cuales son las principales implicaciones en diferentes aspectos.

 

Medidas de seguridad y judiciales

• El presidente queda facultado para reconocer oficialmente el conflicto armado interno, habilitando medidas excepcionales.
• Se endurecen las penas (prisión preventiva obligatoria, sanciones por tráfico de droga, secuestros, lavado, trata, etc.).
• Se crea un sistema con jueces y fiscales especializados para delitos relacionados con crimen organizado.
• El Ejecutivo podrá otorgar indultos diferenciados, por razones humanitarias o interés público, a agentes de la ley implicados en operativos bajo conflicto armado.

 

Protección a civiles y asistencia

• Se establece protección integral a víctimas de violencia: física, psicosocial, desplazamiento, pérdida de medios de vida, con atención prioritaria en salud, educación, vivienda, etc.
• Se crea un registro nacional de víctimas, administrado por la Defensoría del Pueblo.
• Se prohíbe usar esta ley para criminalizar la protesta social, defensa del territorio, justicia indígena ni organización comunitaria.

 

Reactivación productiva e incentivos

Se disponen incentivos económicos anuales mediante decreto ejecutivo para:

• Pequeños y medianos productores (agricultores, ganaderos, pescadores, recolectores).
• Jóvenes, adultos y emprendedores.
• Actividad económica popular y solidaria.
• Se fomenta la reconstrucción del tejido social con programas culturales, educativos y deportivos con enfoque preventivo.

 

Aspectos tributarios y financieros

• Las donaciones (equipamiento, inmuebles, suministros) a la Policía o FF.AA. pueden deducirse del impuesto a la renta hasta un 30 %.
• Se prohíbe una deducción adicional del 150 % por donaciones publicitarias, reemplazándola por este nuevo régimen.
• Los GAD (gobiernos locales) podrán destinar hasta 10 % de su presupuesto a donaciones para seguridad.

 

Conclusión

La Ley de Solidaridad Nacional es una herramienta jurídica integral aprobada el 10 de junio de 2025, que establece un marco especial para enfrentar un conflicto armado interno, fortaleciendo las fuerzas del orden, protegiendo a la población civil, incentivando la reactivación económica y reforzando acciones contra economías criminales.

 

Realizado por:

HLB Ecuador