La minería en Ecuador atraviesa un momento decisivo. Tras años de pausa en el registro de concesiones, el país se prepara para una nueva etapa marcada por la digitalización, el fortalecimiento de la fiscalización y una ambiciosa proyección de exportaciones. Este renovado impulso busca equilibrar el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental y la transparencia institucional. A continuación, se presenta un análisis integral de los avances recientes, los desafíos pendientes y las oportunidades que se abren para actores públicos y privados.

El pasado 14 de agosto del 2025, la SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (SEPS) emitió la Resolución No. SEPS-IGT-2025-0113, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 102. Esta nueva normativa establece un marco actualizado para la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros en las entidades bajo su supervisión.
La resolución se enmarca en las competencias otorgadas por el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, y responde a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Además, refleja los compromisos internacionales del Ecuador en la lucha contra el crimen financiero y el financiamiento ilícito.

El 2025 ha sido un año de contrastes para el comercio exterior ecuatoriano. Mientras algunos productos emblemáticos como el cacao, el camarón y el banano alcanzan cifras históricas, el entorno global y local plantea nuevos retos que exigen una respuesta estratégica. En este escenario, el sector exportador se convierte en un pilar clave para la economía nacional, enfrentando desafíos logísticos, normativos y políticos, pero también abriendo oportunidades para diversificar mercados, innovar procesos y consolidar la presencia internacional de Ecuador.
Este artículo analiza el desempeño del sector no petrolero en lo que va del año, identifica los principales retos del segundo semestre y propone líneas de acción para fortalecer la competitividad exportadora del país.

El presente articulo profundiza en el análisis del balance social de las cooperativas en Ecuador, delineando su evolución histórica y su impacto multifacético en el desarrollo sostenible. Se define el balance social como una herramienta estratégica para medir y reportar el desempeño de las cooperativas más allá de los indicadores financieros, en línea con sus principios fundacionales. A lo largo de las décadas, el marco normativo, liderado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), ha formalizado su aplicación, culminando en la Norma de Balance Social de 2022. La implementación de esta herramienta ofrece beneficios tangibles como la mejora de la reputación, el fomento de la inclusión financiera y social, y la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, persisten desafíos relacionados con la asignación de recursos, la calidad de los datos y la gestión de la tensión entre objetivos financieros y sociales. Se concluye que el balance social es fundamental para la identidad y sostenibilidad del sector cooperativo ecuatoriano, requiriendo un compromiso continuo de todos los actores para maximizar su potencial de desarrollo.

La evolución del balance social en Ecuador, desde una práctica voluntaria hacia un requisito regulado, refleja una comprensión más profunda de la responsabilidad cooperativa. Esta transición no es meramente un cambio administrativo, sino una transformación fundamental que eleva la responsabilidad social de una consideración ética a un imperativo sistémico, crucial para la estabilidad financiera y la legitimidad social. Esta formalización indica que el Estado ecuatoriano reconoce la importancia intrínseca del aspecto social de las cooperativas para el bienestar colectivo.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó que, debido a inconvenientes técnicos en su plataforma digital, se han extendido los plazos para la presentación de declaraciones y anexos tributarios que originalmente vencían el 12 de agosto de 2025.
Esta medida busca garantizar que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones sin incurrir en sanciones, luego de que se registrara una alta demanda en el sistema en línea.

En abril de 2024, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) emitió la NIIF 18 – Presentación e información a revelar en los estados financieros, marcando el cierre del ambicioso proyecto de Estados Financieros Principales. Esta nueva normativa sustituye a la antigua NIC 1, introduciendo cambios estructurales significativos con el objetivo de mejorar la transparencia, comparabilidad y relevancia de la información financiera. Su entrada en vigor será el 1 de enero de 2027, marca un antes y un después en la manera de comunicar el desempeño económico de las empresas. Considerada la reforma más significativa en décadas, esta norma responde a demandas clave de los inversores por mayor claridad, comparabilidad y transparencia en los estados financieros.

El 7 de agosto de 2025, la Superintendencia de Protección de Datos Personales (SPDP) emitió la Resolución SPDP-SPD-2025-0030-R, un hito normativo que regula de forma detallada las medidas de seudonimización, anonimización, bloqueo, suspensión y eliminación de datos personales. Esta resolución tiene como objetivo fortalecer la protección de los derechos de los titulares de datos, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) y su reglamento.

Mediante resolución No. NAC-DGERCGC25-00000018, el SRI reformó las resoluciones No. NAC-DGERCGC21-00000029 (Establecer la información del certificado del RUC, de 2 de junio de 2021) y No. NAC-DGERCGC21-00000011 (Normas para la suspensión y actualización de oficio de la inscripción de los sujetos pasivos en el RUC, de 12 de febrero de 2021).

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros ha publicado un proyecto de reforma que redefine quiénes deben contratar auditoría externa.
En el marco del fortalecimiento de la transparencia financiera y el cumplimiento normativo en el Ecuador, el Reglamento sobre Auditoría Externa establece disposiciones específicas para garantizar que determinadas personas jurídicas sometan sus estados financieros anuales al dictamen de auditoría externa. El Artículo 2 de dicho reglamento, reformado por la Resolución SCVS-INC-DNCDN-2021-0012, determina con precisión qué entidades están obligadas a contratar estos servicios, en función de su naturaleza jurídica y el nivel de sus activos. Esta medida busca asegurar la veracidad de la información contable presentada ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, promoviendo así la confianza en el entorno empresarial y la protección de los intereses de los distintos actores del mercado.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) ha introducido modificaciones relevantes en la normativa que regula la emisión de comprobantes electrónicos. Estas actualizaciones, incorporan cambios clave que impactan directamente en los procesos de anulación y emisión de documentos tributarios.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió la Resolución NAC-DGERCGC25-00000017, mediante la cual se reforman las disposiciones establecidas en la Resolución NAC-DGERCGC25-00000014, relacionadas con la anulación de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios en modalidad electrónica.