Con el objetivo de fortalecer la trazabilidad y el control de los procesos de facturación electrónica en el país, el Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió una nueva normativa que establece la creación de un registro obligatorio para los proveedores de sistemas informáticos y servicios de facturación electrónica. La medida incorpora requisitos de identificación, registro y actualización de información para las empresas que desarrollan, comercializan o administran estas plataformas, además de nuevas obligaciones para los emisores de comprobantes electrónicos.

SRI blinda información del sistema de trazabilidad fiscal: declara reserva por hasta 15 años
La medida protege datos relacionados con el control fiscal y la lucha contra delitos como el contrabando y el lavado de activos, limitando el acceso público a la documentación del proyecto.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió la Resolución Nro. NAC-DGERCGC26-00000025, mediante la cual declaró como reservada toda la información vinculada al Sistema Integral de Trazabilidad y Control Fiscal de Bienes y Servicios, una herramienta estratégica orientada a fortalecer los mecanismos de control tributario y aduanero en el país. La decisión se fundamenta en disposiciones legales relacionadas con la seguridad del Estado, la protección de procesos de control y la prevención de actividades ilícitas, estableciendo restricciones de acceso que podrían extenderse hasta por quince años.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) expidió la Resolución Nro. NAC-DGERCGC26-00000026, mediante la cual establece el mecanismo para la declaración y pago de la obligación denominada “pago a cuenta sobre utilidades no distribuidas”. La resolución fue suscrita electrónicamente por la Directora General del SRI y publicada en el Quinto Suplemento del Registro Oficial Nº 326, de 15 de julio de 2026.
Esta normativa busca regular el cumplimiento de una obligación tributaria que recae sobre determinadas sociedades que mantienen utilidades acumuladas sin distribuir a sus socios o accionistas, definiendo procedimientos, formularios y plazos específicos para su declaración y pago.

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emitió nuevas directrices obligatorias para el reporte de operaciones sospechosas y alertas tempranas en Ecuador, mediante la Resolución No. UAFE-DG-2026-0007, publicada el 29 de abril de 2026. Esta normativa introduce procedimientos más específicos para el envío de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), registros de NO ROS y reportes de Alertas Tempranas (ATEM), con el objetivo de fortalecer la prevención y detección del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos conexos.
Entre los principales cambios destacan la obligatoriedad de reportar operaciones inusuales o sospechosas incluso si no se concretan, la incorporación formal del mecanismo de Alertas Tempranas, nuevos lineamientos de documentación y plazos estrictos de reporte. Estas disposiciones refuerzan el sistema de control y supervisión, incrementando las responsabilidades de los sujetos obligados y exigiendo un mayor nivel de diligencia, monitoreo continuo y gobernanza interna para garantizar el cumplimiento regulatorio oportuno.

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emitió nuevas directrices obligatorias para el reporte de operaciones sospechosas y alertas tempranas en Ecuador, mediante la Resolución No. UAFE-DG-2026-0007, publicada el 29 de abril de 2026. Esta normativa introduce procedimientos más específicos para el envío de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), registros de NO ROS y reportes de Alertas Tempranas (ATEM), con el objetivo de fortalecer la prevención y detección del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos conexos.
Entre los principales cambios destacan la obligatoriedad de reportar operaciones inusuales o sospechosas incluso si no se concretan, la incorporación formal del mecanismo de Alertas Tempranas, nuevos lineamientos de documentación y plazos estrictos de reporte. Estas disposiciones refuerzan el sistema de control y supervisión, incrementando las responsabilidades de los sujetos obligados y exigiendo un mayor nivel de diligencia, monitoreo continuo y gobernanza interna para garantizar el cumplimiento regulatorio oportuno.

La reciente resolución de la Comunidad Andina (CAN) respecto a las medidas arancelarias adoptadas entre Ecuador y Colombia representa un hito relevante en materia tributaria, aduanera y de cumplimiento normativo internacional. Más allá de su carácter comercial, el fallo pone en evidencia riesgos significativos asociados a la creación y aplicación de tributos que no se alinean con los compromisos comunitarios vigentes.
Para las empresas, este pronunciamiento plantea interrogantes sobre la validez de tributos pagados, posibles devoluciones y estrategias de defensa fiscal. Para el Estado, implica contingencias económicas, legales y reputacionales que deben ser gestionadas con especial cautela.

El cumplimiento de los impuestos municipales es una obligación fundamental para todas las personas naturales y jurídicas que desarrollan una actividad económica en Ecuador. Estas contribuciones permiten a los gobiernos locales financiar servicios públicos, infraestructura y programas de desarrollo territorial.
Desde HLB Ecuador, ponemos a tu disposición un resumen técnico y actualizado de los principales impuestos municipales, sus plazos de pago y las implicaciones de su incumplimiento en las principales ciudades del país.

El cumplimiento de las obligaciones tributarias no solo evita sanciones, sino que fortalece la transparencia financiera de las organizaciones. Uno de los deberes clave para las sociedades en Ecuador es la presentación del Anexo de Dividendos (ADI), correspondiente al ejercicio fiscal 2025, el cual deberá presentarse ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) en mayo de 2026.
En este artículo te explicamos quiénes están obligados, qué información debe reportarse, cuáles son los plazos y qué debes considerar para una presentación correcta y oportuna.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió la Resolución Nro. NAC-DGERCGC26-00000016, el pasado 15 de abril de 2026, mediante la cual se reforman las normas que regulan la declaración y el pago conjunto de obligaciones tributarias a través de internet, con especial énfasis en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Esta medida se enmarca dentro de los esfuerzos institucionales del organismo de control para fortalecer el sistema de recaudación, mejorar la eficiencia administrativa y reducir el riesgo de incumplimiento en impuestos percibidos y retenidos.

El Ministerio del Trabajo de Ecuador fijó en USD 506,99 el Salario Digno mensual para el año 2025, una cifra que suele generar confusión al compararse con el Salario Básico Unificado (SBU). Aunque ambos conceptos están relacionados con la remuneración de los trabajadores, no son equivalentes ni cumplen la misma función, y entender su diferencia resulta clave para empleadores, trabajadores y analistas económicos.