Ecuador forja un nuevo frente contra el lavado de activos: Perspectivas y desafíos de una ley ambiciosa

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El reciente paso dado por la Asamblea Nacional de Ecuador en la lucha contra el lavado de activos marca un hito significativo en la legislación del país. La aprobación unánime del proyecto de Ley de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y la Financiación de Otros Delitos refleja un consenso político sin precedentes sobre un tema crucial para la integridad financiera nacional. 

La creación del Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus Delitos Precedentes (Conclaft) se erige como el pilar central de esta nueva estrategia. Este organismo promete coordinar de manera más efectiva los esfuerzos antilavado, abordando un problema que, según estimaciones, podría representar entre el 2% y el 5% del PIB ecuatoriano. 

La ley, que es la número 24 bajo la actual administración, introduce cambios significativos. Fortalece la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), modifica la designación de su director, e implementa unidades complementarias antilavado. Además, amplía el listado de sujetos obligados, tanto financieros como no financieros, en un intento por modernizar y adaptar el marco legal a las complejidades actuales del lavado de activos. 

Las propuestas adicionales de legisladores como Lucía Posso y Katiuska Miranda, que abogan por un Sistema Integrado de Coordinación y por evitar la superposición de actividades entre entidades, reflejan una preocupación por la eficiencia en la implementación de la ley. 

Con sus 94 artículos y diversas disposiciones, esta normativa reemplaza a la ley vigente desde 2016, marcando una evolución significativa en el enfoque del país hacia este delito. Sin embargo, el verdadero desafío estará en su implementación efectiva y en la capacidad de las instituciones para adaptarse a estos cambios. 

En última instancia, el éxito de esta ambiciosa legislación dependerá no solo de su robustez en papel, sino de la capacidad del Estado ecuatoriano para traducir sus disposiciones en acciones concretas y resultados tangibles en la lucha contra el lavado de activos y delitos relacionados.


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