El EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) se ha convertido en una de las métricas financieras más populares para medir la rentabilidad operativa de las empresas. Su uso se ha extendido tanto en el análisis financiero como en procesos de valoración y toma de decisiones estratégicas. Este indicar permite evaluar el desempeño operativo sin el efecto de decisiones contables, estructura de capital o políticas fiscales, lo cual la hace especialmente útil en fusiones, adquisiciones y análisis comparativos entre empresas de distintos sectores.

“El EBITDA proporciona una primera aproximación al flujo de caja libre operativo, lo que lo hace útil en el análisis preliminar de empresas”

La presente Ley Orgánica Reformatoria tiene como finalidad garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación por edad dentro del sistema laboral ecuatoriano. Fue discutida y aprobada por la Asamblea Nacional del Ecuador con base en los principios consagrados en la Constitución de la República, especialmente en lo referente a la inclusión, la equidad, el derecho al trabajo y la protección de los grupos históricamente excluidos o vulnerables. La reforma busca subsanar vacíos legales que permitían, directa o indirectamente, la existencia de barreras por motivos de edad en el acceso y permanencia en el empleo.

La Superintendencia de Protección de Datos Personales (SPDP) ha emitido la Resolución Nº SPDP-SPD-2025-0006-R, que establece de manera obligatoria la incorporación de cláusulas de protección de datos personales en todos los contratos celebrados dentro del Ecuador que impliquen el tratamiento de datos personales.

El due diligence es básicamente una herramienta clave para asegurarse de que las personas o empresas con las que se hacen negocios no estén involucradas en actividades sospechosas.

¿Qué implica hacer Due Diligence? Conoce más en nuestro artículo cimpleto

En Ecuador, el gobierno ha implementado políticas para fomentar la adquisición de vehículos más seguros y sostenibles. En este artículo, exploraremos los beneficios tributarios que ofrecen los vehículos blindados y eléctricos en el país.

Durante la última década, la Inteligencia Artificial ha evolucionado de ser una proyección futurista para consolidarse como una herramienta concreta con efectos significativos en el ámbito empresarial. En este contexto, el sector financiero ha identificado en la IA y en el análisis de datos instrumentos estratégicos fundamentales para optimizar la toma de decisiones, anticipar riesgos y ofrecer servicios altamente personalizados.

La Norma Internacional de Auditoría NIA 315 (revisada) establece los lineamientos para que los auditores identifiquen y valoren los riesgos de incorrección material en los estados financieros, ya sea por error o fraude. Su objetivo es proporcionar una base para diseñar respuestas adecuadas a estos riesgos.
¿Qué es el riesgo inherente y cómo difiere del riesgo de control?
¿Cuáles son los componentes clave del sistema de control interno según la NIA 315?
¿Por qué es importante identificar riesgos significativos en una auditoría?
¿Qué procedimientos utiliza el auditor para valorar los riesgos?
¿Cómo afecta el entorno de control a la valoración del riesgo?
¿Qué debe documentar el auditor según la NIA 315?
¿Cómo se relaciona la NIA 315 con otras normas, como la NIA 240 (fraude)?
¿Qué son las afirmaciones relevantes y por qué son importantes?

En Ecuador, el Servicio de Rentas Internas (SRI) requiere que los contribuyentes sujetos a auditoría externa presenten un informe de cumplimiento tributario. Uno de los documentos clave que se debe presentar es el Anexo ICT (Informe de Cumplimiento Tributario). En este artículo, exploraremos los detalles sobre los anexos ICT para el ejercicio fiscal 2024.

La auditoría de inventarios es un proceso crucial para cualquier empresa que maneje existencias de productos o materiales. A continuación, se presentan algunos de los riesgos y fraudes más comunes asociados con la auditoría de inventarios:

A través del Oficio No. SEPS-SGD-IGT-2025-10745-OFC de 21 de abril de 2025, emitido por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, impone una cobertura obligatoria y generalizada a las entidades del SFPS, del 100% de su cartera problemática.